De madrugada, los nuevos diputados federales de Morena y sus aliados aprobaron una iniciativa que expide una nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
La nueva ley, además de contener nuevos lineamientos para su procesamiento, entre otras cosas obliga a los Congresos locales a acatar las decisiones de desafueros del Congreso federal y evitar que se repitan casos como el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Con el voto en contra de la oposición del PAN, PRI, MC y PRD, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta nueva Ley Reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución, y eliminaron la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “por obsoleta y porque genera ambigüedades, conflictos normativos y otros problemas de aplicación”.
Sin dictamen, con la dispensa de todos los trámites y con “urgencia y obvia resolución”, dado que en San Lázaro aún no hay comisiones conformadas, la nueva ley es un instrumento aprobado “por consigna”, “para la persecución política”, con “venganza y revanchismo” y “solo para perseguir a los adversarios políticos”, acusaron diversos legisladores del bloque opositor.
Los de la 4T respondieron que “el león cree que todos son de su condición”, “eso harían ustedes con esta ley, nosotros no”, “no tengan miedo combatir la corrupción”, “el que nada debe nada teme”.
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