A pesar de los avances en materia de igualdad de género, la discriminación laboral por embarazo sigue siendo la queja más recurrente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo que refleja barreras persistentes que afectan a las mujeres en el entorno laboral.
Según la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, esta problemática evidencia la estigmatización y discriminación hacia la maternidad en los centros de trabajo, una situación que, lejos de erradicarse, continúa siendo una realidad alarmante en el país.
Medidas para combatir la discriminación
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la CNDH presentó su nueva Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, diseñada para erradicar la violencia y desigualdad laboral dentro del propio organismo. Esta estrategia también busca reforzar el trabajo de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género (UTIG).
“La defensa y protección de los derechos de las mujeres es un compromiso que debe ser compartido por gobiernos, sociedad civil y medios de comunicación”, destacó Piedra Ibarra.
Esta política busca garantizar que las trabajadoras de la CNDH puedan desarrollarse sin discriminación ni violencia, promoviendo la igualdad de oportunidades dentro del organismo.
Compromiso institucional
La CNDH subrayó que su labor no se limita a recibir y atender quejas externas, sino que también se enfoca en construir un ambiente laboral libre de violencia y discriminación en sus propias instalaciones.
Como parte de este compromiso, se tomó protesta a los enlaces de género, quienes tendrán la responsabilidad de fomentar un entorno de respeto, equidad e inclusión dentro de la institución.
“La nueva Política de Igualdad Laboral y No Discriminación es un paso más para garantizar que el personal de la CNDH, en toda su diversidad, sienta apoyo y valoración institucional”, señaló Piedra Ibarra.
Un problema estructural
El despido por embarazo es solo una de las diversas formas de violencia y discriminación laboral que enfrentan las mujeres en México. A pesar de que existen leyes que protegen a las trabajadoras, muchas empresas siguen incurriendo en estas prácticas ilegales, lo que limita el acceso de las mujeres a empleos estables y frena su desarrollo económico.
Los organismos defensores de derechos humanos han insistido en que combatir esta situación requiere un esfuerzo conjunto entre autoridades, empresas y sociedad civil para garantizar un entorno laboral justo e igualitario.
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