La Fiscalía de Guerrero acredita que los seis “agentes irregulares” detenidos la semana pasada, acusados de desaparición forzada, eran policías del municipio y se suman a otros cuatro ya arrestados
Taxco no confía en sus policías. El pueblo mágico de antiguas casitas coloniales, calles empedradas y artesanías de plata vive días inéditos en los que el Gobierno de Guerrero ha tomado el control de la seguridad del municipio después de que diez efectivos de su Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSP) fueran arrestados en un turbio caso. El pasado miércoles 28 de agosto un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas arrestó a los 10 sospechosos. Cuatro de ellos fueron identificados desde el principio como agentes en activo, acusados de un delito de secuestro agravado. El Ministerio Público no ha podido confirmarlo con los otros seis hasta este lunes: “La identidad de los policías en activo fue acreditada por la autoridad municipal correspondiente”, ha declarado el organismo en un comunicado, donde especifica que sobre los seis pesan los cargos de desaparición forzada.
El operativo del 28 de agosto, conjunto entre agentes de la Fiscalía y la Policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército, buscaba a una mujer “de identidad reservada”, víctima de desaparición forzada a la que todavía no se ha encontrado, aunque continúa la investigación. Los cuerpos de seguridad irrumpieron en un edificio del Gobierno, la sede de Seguridad Pública, Protección Civil y Tránsito de Taxco, donde esperaban localizarla. No estaba allí, pero en su lugar encontraron a un hombre que también había sido secuestrado y era retenido ilegalmente por los policías detenidos. No lo esperaban.
Los casos están claramente relacionados, pero la Fiscalía todavía no ha dado información de cómo. En principio, los seis hombres identificados como policías este lunes (Luis, David, Carlos, Cristofer, Alexis y Ángel) han sido acusados de la desaparición forzada de la mujer, y los cuatro que ya fueron acreditados como agentes desde el pasado miércoles están acusados del secuestro agravado del hombre que se encontró en la sede pública. De los cuatro últimos, tres fueron detenidos en el lugar de los hechos (Florentino, Marino y Yolanda) y otro, Eusebio, en Cacalotenango, municipio cercano.
Los sospechosos ya han sido puestos bajo la custodia de las autoridades y un juez de control los ha enviado a prisión preventiva en una cárcel del Estado, el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Iguala, desde donde seguirán su proceso judicial. La siguiente audiencia, en la que un juez decidirá si los vincula a proceso, tendrá lugar el próximo jueves, 5 de septiembre.
Las autoridades investigan también si los 10 policías detenidos están relacionados con la desaparición de otros cinco jóvenes de Taxco. La Fiscalía no descarta una implicación de los 10 agentes en este caso, previo al operativo del miércoles pasado, pero todavía no han reunido todas las pruebas necesarias para confirmarlo, según fuentes del Ministerio Público. La información es opaca y apenas han trascendido detalles, pero el organismo asegura que continúa trabajando para encontrarlos.
La operación para detener a los 10 policías no incluyó a las fuerzas de seguridad de Taxco. Ni siquiera sus autoridades políticas fueron avisadas de que iba a suceder. El alcalde del municipio, Mario Figueroa, recientemente reelegido en las elecciones del pasado 2 de junio por Movimiento Ciudadano (antes formaba parte de Morena), denunció que “en ningún momento el ayuntamiento fue informado y mucho menos notificado” sobre el operativo del miércoles 28, como recoge un comunicado publicado ese mismo día.
El 31 de agosto, el Estado de Guerrero asumió el control de la seguridad de Taxco por “los hechos ocurridos en la ciudad platera en días pasados, en donde fueron detenidos elementos de la policía municipal, quienes se encuentran bajo investigación por su posible participación en actos delictivos”, según un comunicado del Gobierno estatal. La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz le notificó la decisión a Figueroa, que no se ha pronunciado desde entonces.
Taxco vive meses violentos. Los grupos criminales del Estado se han adueñado de las calles y los barrios del pueblo mágico. Su lucha por el control de las rutas de transporte del municipio provocó que en enero se declarara un toque de queda. La Iglesia tuvo que intervenir como mediadora entre las mafias y el Gobierno y, aparentemente, consiguió una tregua que no duró mucho. Un mes después, Figueroa, que había salido públicamente a negar que en Taxco hubiera ningún tipo de inseguridad, sufrió un atentado en su contra. Primero lo minimizó y negó que fuera un ataque contra él, pero acabó reconociendo lo evidente días después.
Policías asesinados, secuestros, tiroteos a plena luz del día, desaparecidos, extorsiones… El repertorio habitual del crimen organizado en México se ha desplegado con todos sus elementos en Taxco y, como demuestra la detención de los 10 policías, ni las fuerzas de seguridad se libran de estar implicados en los negocios ilícitos y en la espiral de inseguridad que se ha desencadenado en el municipio. La imagen más dramática llegó el jueves santo: el asesinato de una niña de ocho años, Camila, provocó una brutal reacción en la que decenas de ciudadanos lincharon a los tres supuestos culpables. A una de ellos, una mujer, la mataron a golpes ante la mirada de policías que no hicieron nada para evitarlo. Los otros dos hombres conservaron la vida pero recibieron una paliza. Una sucesión de violencia que ha conducido a que el Gobierno estatal tenga que tomar cartas en el asunto.
