La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó este viernes de la detención por homicidio del conductor del Metro que causó el accidente que provocó la muerte de una joven de 18 años y dejó un centenar de heridos el pasado 7 de enero.
Así lo expuso en una conferencia de prensa el vocero de la institución, Ulises Lara, quien dijo que el choque mortal entre dos convoyes de la línea 3 del subterráneo capitalino se debió a la conducción negligente de Carlos Alfredo “N”, quien no respetó las medidas de seguridad y se excedió en la velocidad, así como al corte y la quema de cables eléctricos.
Estos dos aspectos, resaltó, fueron los que causaron el accidente y la consecuente muerte de una joven, por lo que se inició una carpeta de investigación y se detuvo al presunto responsable por delitos de homicidio y lesiones.
“Por lo anterior, se procedió a la cumplimentación de la orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones”, refirió Lara.
El conductor del tren, ahondó, no se apegó a los lineamientos técnicos, ya que excedió el límite de velocidad en pilotaje manual, que posteriormente cambió a pilotaje automático, algo que no comunicó al puesto de control central, y no realizó maniobra alguna para detener el tren
En cuanto al corte y quema de cables en la estación Potrero, notificado un día antes del accidente, lo consideró un acto “doloso”.
Los hechos ocurrieron el pasado 7 de enero, cuando el impacto de dos trenes del Metro ocasionó una muerte y 106 heridos entre los mexicanos que utilizaban este medio de transporte público.
Tras ello, múltiples hechos han sucedido en el Metro capitalino durante este mes, como la separación de dos vagones o múltiples cortes de los servicios por hechos que la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró actos de “sabotaje”.
Por ello, Sheinbaum solicitó al Gobierno mexicano el despliegue de 6 mil efectivos de la militarizada Guardia Nacional, para que patrullen andenes y vagones del metro capitalino.
Esta decisión suscitó polémica y llevó a que diversos organismos de defensa de derechos humanos se manifestasen en contra, al considerar que la militarización del subterráneo tenía como fin dar una falsa sensación de seguridad y perpetúa las políticas de militarización cada vez más frecuentes en el país.
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