El gobierno federal culpó a una jueza por no liberar a tiempo órdenes de cateo en julio pasado para ingresar a ranchos presuntamente vinculados al grupo delictivo La Familia Michoacana en los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan, Guerrero, lo que impidió encontrar a sus líderes, conocidos como “El Pez” y “El Fresa”. Sin embargo, ambos están plenamente identificados por inteligencia militar desde por lo menos hace seis años.
De acuerdo con decenas de reportes revisados por La-Lista, dentro de las comunicaciones internas en la Secretaría de la Defensa Nacional, difundidas por el grupo de hackers autodenominados Guacamaya, los hermanos Hurtado Olascoaga operan desde antes de 2016 entre Guerrero, el Estado de México y parte de Michoacán, donde controlan varios municipios de ambos estados, en la zona conocida como Tierra Caliente.
Durante al menos tres años (2016, 2017 y 2018) se les dio seguimiento a los líderes de La familia michoacana en Guerrero: conocían las localidades donde se refugiaban, sus rutas, sus jefes de plaza, sus ‘mandaderos’, los municipios que tenían a su servicio e incluso que autoridades federales los alertaban de operativos en su contra. Nada de esa información ha servido para detenerlos.
El jueves en la conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, expuso que el 26 de julio, “con acciones de inteligencia y acciones de investigación criminal realizados por la Fiscalía del Estado de Guerrero, se pudo determinar cinco posibles inmuebles donde el grupo criminal de la Familia Michoacana desarrollaba actividades presuntamente delictivas, entre ellas la privación ilegal de la libertad de personas”.
Detalló que se solicitó una orden de cateo a los bienes; entre ellos, un rancho presuntamente propiedad de los líderes de la Familia Michoacana en San Miguel Totolapan, pero le fue negada en un primer momento.
“Después de nuevas gestiones de parte del Ministerio Público y al insistir, dos días después la jueza Isis Peralta, juez de control en el estado de Guerrero, autoriza finalmente el cateo”, dijo Mejía Berdeja. Pero ya habían pasado 48 horas y eso dio tiempo a los presuntos criminales de quitar evidencias, huir y organizar cinco bloqueos para dificultar las acciones de las fuerzas federales donde iban personal del Ejército Mexicano, de la secretaría de Seguridad local, de la fiscalía y de la Coordinación Nacional Antisecuestros, criticó el funcionario.
Mejía Berdeja mencionó después que el 3 de octubre murió el director de Desarrollo Rural, supuestamente en un accidente automovilístico y que el 5 de octubre ocurrió la masacre de 20 personas en San Miguel Totolapan donde fue asesinado el alcalde, Conrado Mendoza, y a su padre, Juan Mendoza, quien fue alcalde del mismo municipio por seis años.
“Esto es importante porque la oportunidad en algunas acciones de carácter persecutorio es determinante para los buenos resultados. No actuar a tiempo puede finalmente abonar a que con posterioridad se desaten otro tipo de eventos”, sentenció el funcionario.
Pero la oportunidad de capturar a los presuntos líderes de La Familia, la tuvo el Ejército por al menos tres años. En los reportes de inteligencia militar, que eran enviados a un mando en Iguala, Guerrero, hay reportes de movimientos de “El Pez” y “El Fresa”, como se les conoce a los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga.
De los reportes militares se podría escribir un libro, ya que se identifica a jefes de plaza de este brazo de La Familia Michoacana, reuniones con alcaldes, negocios ocultos y a la vista, rutas de escape de operativos, entrega de dinero, compra de armas, fiestas patronales organizadas por el grupo criminal y hasta cuando llevaban un doctor para que atendiera a uno de los hermanos.
Las informaciones fueron enviadas en documentos con fecha. La más antigua a la que se tuvo acceso es del 8 de noviembre de 2016, cuando se identificó que un jefe de plaza de San Miguel Totolapan -donde ocurrió la masacre-, identificado como Josué López Hernández, “Colima”, ordenó el secuestro de dos músicos de “Los Santaneros” en Tlapehuala y los asesinó.
Ese mismo día también se reportó que el entonces tesorero del Ayuntamiento de Amatepec, Estado de México, Rosember o Rosemberg Velázquez Chávez, a quien identifica como amigo de “El Pez”, le ofreció servicios de “guardia y custodia a terceros, con personal de seguridad pública municipal”.
De la misma forma, sobre aquel día se reporta que “los jefes” se mantienen alertas en los municipios de Amatepec, Luvianos, Sultepec y Tejupilco, Estado de México, zona controlada desde entonces y hasta la fecha por el grupo criminal La Familia.
El 23 de diciembre de 2016 hay un reporte sobre la confrontación que desde entonces mantiene este grupo criminal con el de “Los Tequileros”.
El 27 de diciembre de aquel año se refiere la compra de 50 granadas de mano, con un costo de 12 mil pesos cada una y dos fusiles Barrett .50 en 750 mil pesos.
La Lista publicó esta semana que el exalcalde de San Miguel Totolapan Juan Mendoza Acosta recibió presiones de La Familia en 2017 para que la Sedena ubicara sus bases en ciertos sitios y obligar a Los Tequileros a que salieran de sus puntos de refugio.
Las labores de inteligencia fueron puntuales durante tres años, incluso el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) brindó información a mandos militares, pero no se ha informado por qué no se actuó con oportunidad para evitar masacres como la del 5 de octubre pasado.
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