Los manifestantes utilizaron una camioneta para derribar una de las puertas de Palacio Nacional.
Este miércoles se vivieron momentos de tensión en el Palacio Nacional de México cuando un grupo de normalistas de Ayotzinapa, compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el estado de Guerrero, derribó a la fuerza una de sus puertas con una camioneta.
El grupo pretendía acceder al recinto donde el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, estaba celebrando su habitual conferencia “mañanera” de prensa de cada día.
Para ello, utilizaron un vehículo estacionado en la zona al que le rompieron las ventanas, retiraron el freno de mano y empujaron una y otra vez contra la puerta a modo de ariete hasta que esta cedió.
Los policías militares encargados de la seguridad del edificio utilizaron gas para dispersar al grupo y crearon una barricada humana para impedir su acceso, por lo que los manifestantes comenzaron a retirarse del lugar pocos minutos después.
Las personas, muchas de ellas encapuchadas, realizaron pintadas en el inmueble y la camioneta utilizada, donde se leían mensajes como “Faltan 43” o “Solo queremos un diálogo”.
Los normalistas quisieron presionar así a López Obrador para que se reúna personalmente con ellos y tratar de desbloquear y avanzar en la investigación sobre la desaparición de los 43.
El mandatario calificó lo sucedido de “provocación”, aunque descartó que se vayan a tomar represalias contra el grupo.
“No va a escalar, es que lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta, nosotros no somos represores. Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar”, manifestó.
López Obrador, quien no detuvo su conferencia pese al incidente, se negó a hablar con los manifestantes este miércoles y aseguró que serían representantes de la Subsecretaría de Gobernación quienes los recibirían.
Sin embargo, anunció que dentro de “unos 15 o 20 días más” se reunirá con las familias de los 43 para “hablar con ellos y mostrar pruebas de cómo se manipuló la investigación”.
“Lo que me importa es encontrar a los jóvenes, y ya la actitud –no de los padres, sino de los asesores y las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos– es una actitud en el mejor de los casos política, muy de confrontación”, dijo.
“(Nosotros) no queremos confrontación. Decirles a los padres que estamos dedicados, estamos avanzando mucho en investigación”, agregó.
Algunos de los manifestantes lograron atravesar la puerta antes de ser dispersados por las autoridades.
Normalistas, familiares y compañeros de los 43 de Ayotzinapa, uno de los casos más emblemáticos de vulneración de derechos humanos en la historia reciente de México, llevan más de una semana realizando protestas y ataques contra instalaciones del gobierno en diversos lugares de Ciudad de México.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas, aseguró este miércoles que regresarán a Guerrero y esperarán a conocer la decisión de López Obrador para decidir si continúan o no con las movilizaciones.
Entrevistado por el canal de televisión Milenio, Rosales explicó que lo que buscan es “el restablecimiento y el reencauzamiento del diálogo con el presidente, para que se aborden los temas esenciales de la investigación”, al entender que sus conversaciones con otros representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos no lograron avances.
Además, criticó que López Obrador “está tratando de buscar culpables de su fracaso en la investigación, ya no tiene respuestas”.
Desencuentros entre familiares y gobierno
La relación de los familiares con el presidente mexicano se tensó enormemente en los últimos tiempos, dado que aunque López Obrador prometió que esclarecería lo ocurrido y el paradero de los normalistas, el caso no ha logrado avances sustanciales a apenas unos meses de que el mandatario deje su cargo este año.
Después de que la Comisión de la Verdad creada por el propio presidente concluyera en 2022 que lo ocurrido fue “un crimen de Estado” en el que también participó el ejército, algunos familiares acusaron a López Obrador de no tener voluntad real de resolver el caso para, presuntamente, proteger a militares involucrados.
Desde entonces, exigen al gobierno que les entregue cientos de documentos de espionaje militar que consideran clave para la investigación.
López Obrador instruyó al ejército a que abriera toda la documentación del caso, pero la Secretaría de Defensa negó la existencia de dichos archivos solicitados.
López Obrador delegó en representantes de la Secretaría de Gobernación para recibir a los manifestantes este miércoles.
Antes de abandonar México el año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado de investigar lo sucedido en Ayotzinapa acusó al ejército de ocultar sistemáticamente información del caso
El presidente insistió este miércoles en que los familiares “están siendo manipulados” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y “grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros”.
“Lo que quieren no es que lleguemos a conocer la verdad y que se haga justicia, sino que ya lo tienen como una bandera en contra de nosotros. Los padres ni siquiera tienen toda la información porque les prohíben los abogados hablar con nosotros”, denunció.
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