Los investigadores señalan que 297.000 de las muertes en exceso no se debieron a las condiciones de salud de la población o del sistema de salubridad, sino a las políticas implementadas para atender la emergencia
La pandemia de covid-19 está lejos de ser un capítulo cerrado. La pregunta de qué tantas muertes pudieron evitarse con una mejor gestión de las autoridades sigue rondando la mente de algunos científicos. En México, la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia ha publicado un informe que cuestiona las cifras oficiales sobre fallecimientos, calcula cuántas muertes en exceso relacionadas con la covid-19 hubo, y establece las miles de ellas que pudieron evitarse con una mejor intervención gubernamental. “México sufrió una desafortunada combinación de desventajas estructurales frente a la crisis sanitaria con graves y repetidas fallas de liderazgo y gestión de la pandemia. En conjunto, estas configuraron un escenario devastador. A las seculares desigualdades sociales y debilidades institucionales se sumaron decisiones gubernamentales que, lejos de contenerlas, las agudizaron”, dice el documento.
El estudio parte de las cifras reconocidas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador conforme el sistema de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud: 333.336 defunciones fueron causadas directamente por el coronavirus entre el inicio y el fin de la alerta sanitaria, entre 2020 y 2023. Otro dato importante son las 511.081 muertes por covid-19 registradas en actas de defunción y que fueron recogidas por el INEGI, el organismo censal autónomo de México. Este número es uno de los más precisos para medir el impacto directo de la pandemia, pero también es el más difícil de obtener, pues las actas de defunción están en posesión de cada Estado del país y su compilación y presentación por parte del INEGI llega con al menos un año de desfase.
El informe de la Comisión Independiente señala que “el indicador más robusto para dimensionar la verdadera magnitud del costo en vidas humanas” es el exceso de mortalidad, esto es, las defunciones por encima de lo esperado en condiciones normales. Este criterio captura todas las muertes ocurridas durante la pandemia por encima de las proyecciones de mortalidad regular; los fallecimientos registrados superiores a esa cantidad “se consideran defunciones ‘en exceso’, que reflejan de manera integral las causadas por la enfermedad de covid-19 más aquellas derivadas de la interrupción de servicios de salud regulares y otros efectos secundarios de la emergencia”, dice el estudio.
El informe establece que en México hubo 808.619 muertes en exceso por todas las causas, “tanto de personas que fallecieron por covid-19 como las provocadas por la desatención de otros padecimientos, la saturación de los sistemas de salud y otros efectos secundarios”. Esto significa que 6,4 mexicanos de cada 1.000 murieron a causa de la pandemia, precisa el análisis. Se trata de una cifra casi tres veces mayor a la registrada por el Gobierno mexicano mediante el sistema de vigilancia epidemiológica, y también supera los cálculos de exceso de mortalidad en México elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Comisión Independiente da un paso más y calcula la cifra de muertes en exceso en México que se habrían esperado tomando en cuenta las condiciones estructurales prepandemia, como las características socioeconómicas y demográficas, el estado del sistema sanitario y las condiciones de salud de la población (como la prevalencia de enfermedades crónicas). La organización señala que, en comparación con otros países, México tuvo más muertes en exceso que lo que puede atribuirse a esos factores. “¿Qué tan significativo es el exceso en el exceso registrado en México? Es decir, la mortalidad registrada frente a la que, dadas las condiciones estructurales del país, habría sido esperable con un desempeño promedio”, plantea el estudio. Según los cálculos de la Comisión, al menos 297.150 de las muertes en exceso ocurridas en México “no pueden explicarse aduciendo determinantes estructurales que escapaban al control de las autoridades gubernamentales”.
La Comisión está encabezada por el epidemiólogo Jaime Sepúlveda y la integran el académico Sergio Aguayo, la economista Mariana Campos, la bióloga Julia Carabas, el exministro del Supremo José Ramón Cossío, el exsecretario de Salud Julio Frenk, el biólogo Antonio Lazcano y la socióloga Sylvia Schmelkes, varios de ellos críticos de la Administración de López Obrador. El informe aclara que, a diferencia de otros países que crearon comisiones de investigación para evaluar la respuesta oficial ante la pandemia, en México no hubo un esfuerzo desde el Gobierno por impulsar una figura semejante que documente los fallos y emita propuestas a futuro.
La manera como se gestionó la pandemia en México fue muy criticada por comunidades científicas y por la oposición. Muchas acciones se consideraron tardías, como el reconocimiento de la utilidad del cubrebocas para contener la dispersión del virus, o francamente erróneas, como no haber dado prioridad a la vacunación del personal de la salud en la primera línea de ataque. Además, una condición de política pública implementada por el actual Gobierno retrasó gravemente la respuesta ante la pandemia: el desmantelamiento del Seguro Popular y su sustitución por el Insabi, que a la postre también fue desmantelado. El zar encargado de la atención a la crisis, Hugo López-Gatell, intentó sin éxito ser el candidato del partido en el poder, Morena, al Gobierno de Ciudad de México. Recientemente fue rescatado por López Obrador, que lo integró como asesor de la Presidencia.
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