Este sábado 3 de septiembre de 2022 ocurrió un atentado contra la democracia. El Presidente de México en complicidad con MORENA y partidos aliados dieron un golpe a la Constitución y aprobaron en el Congreso la militarización total de la seguridad pública y militarización de la justicia al pasar ilegalmente el control de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas.
Será un día recordado como el ‘sabadazo negro’ del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que no lograron en las últimas décadas infames gobernantes emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni el Partido Acción Nacional (PAN) lo hizo en tan solo doce horas AMLO con la complicidad de su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), e integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados.
Fraguaron durante la noche y aprobaron de madrugada la modificación exprés de una serie de leyes para dar ilegalmente el control total y permanente de la seguridad pública cotidiana de los ciudadanos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), poniendo bajo su control total la operación de la Guardia Nacional (GN), incluyendo la promulgación de los “programas operativos y estrategias” (sic) de seguridad.
El golpe a la Constitución intenta infructuosamente ser encubierto con la trampa de pasar todo el control operativo de la GN a la SEDENA y dejando solo su membrete en el organigrama de la Secretaría de Seguridad Pública federal solo de adorno.
De esta forma el gobierno de AMLO toma un rostro totalmente militar dando al Ejército el monopolio de la fuerza pública federal no sólo en temas de seguridad pública sino de control social. De ser confirmadas por el Senado esas reformas ilegales, ya no será en caso de manifestaciones sociales y protestas ciudadanas la policía civil sino la SEDENA quien directamente intervenga para imponer el orden cuando así decidan hacerlo.
Las modificaciones aprobadas en el Congreso también significan la militarización de la justicia, ya que una de las atribuciones de la Guardia Nacional es realizar investigación de delitos para la Fiscalía General de la República y ministerios públicos; y puede llevar a cabo el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, entre otros mandatos ministeriales y jurisdiccionales.
Por si fuera poca la reforma presidencial incluye una coraza de impunidad para los militares. Los abusos, delitos, y violaciones graves a derechos humanos que los militares cometan en las tareas de seguridad pública y justicia no serán juzgados por el fuero civil, sino quedaran bajo la discrecionalidad del fuero militar.
El negro historial documentado de ineficacia, impunidad, homicidios, desapariciones forzadas y complicidad con los carteles de la droga que rodea al Ejército Mexicano no deja duda de que la militarización no resolverá el problema de inseguridad, sino que lo agravará.
En esta colaboración desmenuzo las cinco principales mentiras esgrimidas por el Presidente para justificar la militarización.
AMLO impulsa el caos para imponer un nuevo orden militar
Cuando López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018 los carteles de la droga controlaban ya una basta parte del país y la violencia generalizada cobraba y cobra desde hace años miles de víctimas inocentes todos los días.
La descomposición ha sido fruto de la colusión de gobiernos a todos los niveles con el crimen organizado. Los cuerpos de seguridad pública municipal, estatal y federal, y el Ejército Mexicano han sido parte orgánica de esa complicidad entre Estado y narcotráfico. Sí, los militares siempre han sido parte del problema, no de la solución.
Las fuerzas castrenses mexicanas han sido parte del núcleo de los acuerdos entre el gobierno y los narcos. Existen expedientes judiciales dentro y fuera de México que lo prueban. Los altos mandos de la SEDENA han fungido como garantes de dichos pactos e incluso como mensajeros entre el Presidente en turno y los capos de la droga. Así ha sido invariablemente desde los tiempos de Rafael Caro Quintero y el Cartel de Guadalajara, en la década de los ochentas, hasta el actual imperio de Ismael “El Mayo” Zambada y el Cartel de Sinaloa.
Al llegar al poder en vez de planear una verdadera estrategia política, de seguridad pública, económica y social contra el crimen organizado, AMLO promulgó la política de “abrazos no balazos” hacia los criminales. Las fuerzas del orden han sido botargas inertes ante el crecimiento del poder de los Carteles de la droga y otros grupos criminales. Que nadie se equivoque, no son las autoridades sino la delincuencia quien determina los tiempos de paz o los tiempos de guerra en el país.
Paralelamente a estos 4 años de “dejar hacer y dejar pasar” el partido en el poder, MORENA, ha hecho narcopactos electorales con el crimen organizado como en el caso de las elección del gobernador en Sinaloa ocurrida en 2021. Rubén Rocha Moya y otros candidatos de MORENA y el Partido Sinaloense (PAS) ganaron los comicios gracias a un acuerdo con “El Mayo” Zambada y con los hijos y hermanos de “El Chapo”. No hay ninguna duda de que al menos en el caso de Rocha Moya el Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo conocimiento de los encuentros entre el ahora gobernador y “El Mayo”, del acuerdo, y su apoyo.
Es el gobierno de AMLO quien ha auspiciado el aumento del poder de los grupos criminales permitiéndoles tener mayor control territorial, intromisión en la política y el control de sectores económicos estratégicos. Ahora se queja de que son grupos “cuasimilitares”, pero su gobierno es el que los ha empoderado.
De esta forma el gobierno de AMLO auspició el caos prexistente y calculadamente lo atizó, para crear las circunstancias que justifiquen la imposición de la militarización como el único remedio posible.
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